Las elecciones de 1800 en Estados Unidos, un aviso para el PP

04 Mayo 2015
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El Partido Popular español parece empeñado en repetir el trágico destino del Partido Federalista estadounidense, primer gran protagonista de la escena política de Estados Unidos en sus primeros años de existencia. Los líderes populares harían bien en tener en cuenta las fatídicas consecuencias que las medidas represivas, impuestas por el Congreso dominado por los federalistas, tuvieron primero sobre la presidencia de John Adams, y más tarde, sobre el futuro de su propio partido. Si hace unos meses el Partido Popular lanzó la idea de nombrar alcaldes sólo a los candidatos de las listas más votadas, obviando uno de los componentes básicos de la democracia, como es la capacidad de llegar a pactos, tras la aprobación de la llamada Ley Mordaza, que limita uno de los derechos básicos de todo régimen democrático, la libertad de reunión y expresión, le ha tocado el turno ahora llamar la atención sobre los medios de comunicación. Las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Catalá, de sancionar a aquellos medios que difundan informaciones sobre causas -de corrupción, principalmente- que estén bajo secreto de sumario, se asemejan en su esencia y en su forma a las Leyes de Sedición y Extranjería aprobadas por el Congreso estadounidense en julio de 1798. Dichas declaraciones han quedado en un simple amago, y el propio ministro se ha desdicho bajo el subterfugio de que ha sido mal interpretado, ante el aluvión de críticas recibidas. Pero conviene recordar aquel episodio histórico. A finales de la década de 1790, la pacífica república que había surgido de la independencia de las trece colonias británicas en la Costa Este de Norteamérica, se había convertido en una nación dividida a causa de la rivalidad partidista entre federalistas y republicanos. Muy lejos parecían quedar ya las presidencias de G. Washington, cuando hacía sólo dos años que había dejado el poder voluntariamente. En el germen de la rivalidad se encontraban tanto cuestiones de política interna (conservadurismo contra democratización), como de política exterior (anglófilos contra francófilos), avivadas ambas por una prensa convertida en instrumento partidista, que no dudaba en atacar, ultrajar, difamar y acusar de todo tipo de crímenes a sus oponentes. La prensa de entonces era distinta a la que hoy conocemos, muy pocos de los doscientos periódicos existentes en 1800 en Estados Unidos tenían formato diario, la mayoría salían semanalmente de los talleres que los propios editores tenían en sus casas, y se vendían a través de suscripciones. Ante el dominio ejercido por la prensa federalista, los partidarios de Thomas Jefferson y James Madison, decidieron crear sus propios medios republicanos, y así, si en 1795 tan solo representaban el 14% de la prensa, en 1800 ya dominaban el 40%. Si dicho aumento ya era de por sí una amenaza para la hegemonía federalista, las críticas que desde ellos se vertían sobre sus líderes terminó por agotar la paciencia del sector más radical dentro del federalismo. Desde la prensa republicana incluso se comenzaba a atacar a la figura sacrosanta de G. Washington, a quien se le tildaba de tendencias monárquicas, al igual que a su sucesor, J. Adams, al que además se acusaba de querer subvertir el orden republicano, implantando un orden sociopolítico similar al de su admirada Gran Bretaña, donde el estatus y la corona se imponían a la libertad y la democracia. Los medios federalistas no eran menos cautelosos respecto a los republicanos, con T. Jefferson como centro de sus ataques, a quien se acusaba de ser agente francés y de querer importar a Estados Unidos la anarquía jacobina a través de su radicalismo democrático. La reacción federalista no pudo ser más contraria a la nueva fuente de legitimidad popular que se abría paso a través de la Constitución de 1787, si no en su letra, al menos sí en su espíritu. La concepción federalista del poder pertenecía más al siglo XVIII que al XIX, basada en un orden de respeto al gobernante, quien ejercía su mandato por el bien común, esperando, por tanto, la aceptación unánime de sus decisiones. Tal procedimiento sólo podía funcionar en un sistema sin partidos políticos y bajo la total aquiescencia de todos los ciudadanos, pero en cuanto la rivalidad partidista se hizo evidente y el juego de mayorías y minorías se adueñó de los cálculos políticos, la reacción federalista se encaminó a revertir el proceso de cambio en lugar de adaptarse a él. El primer paso fue la aprobación de las Leyes de Naturalización (que ampliaba los plazos de nacionalización), de Enemigos Extranjeros (que permitía expulsar a los extranjeros hostiles en periodos de guerra) y de Extranjería (lo mismo pero en tiempos de paz, para evitar el peligro de una quinta columna extranjera), entre junio y julio de 1798. Dado que la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña, no dejaba de causar importantes debates internos, inflamando la retórica en ambos extremos, los federalistas vieron en la política de nacionalización una vía para amedrentar a aquellos recién llegados, sobre todo franceses e irlandeses que engrosaban las filas republicanas, algunos escribiendo hirientes panfletos contra los líderes federalistas. La segunda medida federalista fue mucho más allá, y en julio de 1798 se aprobó la Ley de Sedición, por la que se perseguía a aquellos editores en cuyos periódicos se atacase infundadamente a las autoridades gubernamentales, alterando con ello la pacífica convivencia dentro de Estados Unidos con un límite temporal establecido hasta marzo de 1801. El dominio federalista en el poder judicial aseguró que la ley sólo se aplicase a los republicanos, que vieron cómo numerosos editores de sus filas fueron multados y encarcelados, algunos de manera severa, lo que llevó a no pocas ruinas, mientras que los federalistas que atacaban al propio presidente Adams, como fue el caso de Alexander Hamilton, no eran ni siquiera acusados. Las leyes fueron un total fiasco al no lograr ninguno de sus objetivos. Ni la prensa republicana dejó de atacar a los federalistas ni el sistema político estadounidense escapó de la tensión partidista. Es más, para los federalistas tuvieron un efecto contraproducente, reavivaron la causa republicana al dar pábulo a sus acusaciones sobre el deseo federalista de coartar las libertades para instaurar una monarquía hereditaria, que acabaría así con el régimen republicano instaurado en 1787, incluso dotó a sus mártires a una oposición creciente por las injusticias sufridas, tal y como Hamilton había advertido a sus compañeros de filas. Además, las leyes ahondaron la fractura territorial entre los estados, con un norte federalista y un sur republicano que, de la mano de Jefferson y Madison, anunciaron la famosa teoría de la nulificación a través de las Resoluciones de Kentucky y Virginia, de noviembre y diciembre de 1798. Con tal medida, Jefferson subvertía el orden constitucional al dotar a los estados de la capacidad de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes federales, que en el caso de las Leyes de Sedición y Extranjería consideraron de nula aplicación en Kentucky y Virginia. Tal exceso le costó caro a los republicanos, que vieron cómo los federalistas aumentaron su ventaja en el Congreso en las elecciones de 1799. En todo caso, el malestar producido por las Leyes de Sedición y Extranjería fue clave en las elecciones de 1800, pues fortaleció al Partido Republicano al ver confirmadas sus sospechas sobre la verdadera intención de los federalistas, y dividió al Partido Federalista entre sus alas radical y moderada, con un presidente Adams atrapado entre el dilema de sucumbir a los dictados de su partido o seguir sus convicciones. Al elegir el segundo camino, Adams selló su derrota pero aseguró la paz en su país, sentando para la posteridad el cambio de poder pacífico entre dos facciones enfrentadas por claros motivos ideológicos, todo un logro en la democracia moderna y un ejemplo de cómo la rivalidad partidista no es sinónimo de anarquía y violencia. Otros federalistas no reaccionaron de igual modo, por ejemplo, Hamilton trató en Nueva York de cambiar a última hora el sistema de elección de electores, lo que hubiese evitado la derrota total de los federalistas en ese estado, mientras otros trataron de anular votos electorales republicanos, alegando diversos fallos menores. Los temores republicanos a un robo de su presidencia hicieron estallar los rumores de revueltas, sediciones y guerra civil en caso de no ver a Jefferson como presidente. La victoria republicana en las elecciones de 1800 fue total, sus dos candidatos, T. Jefferson y Aaron Burr, superaron en votos electorales al presidente saliente y a su compañero de partido, mientras que en el Congreso lograron vencer en el Senado por cinco escaños y en la Cámara de Representante por 65 a 41. A partir de entonces, los federalistas no harían más que perder votos, presentando su último candidato a presidente en 1816 y obteniendo sus últimos congresistas en 1822. El dominio republicano llegaría hasta 1828, incluso J. Q. Adams, hijo del último presidente federalista, sería el sexto presidente de Estados Unidos liderando al Partido Republicano, toda una muestra de lo enterrado que había quedado el programa federalista para entonces. Doscientos quince años pueden parecer mucho tiempo, pero si pensamos que en 1800 la independencia quedaba 25 años atrás, y en España llevamos sólo 40 años sin dictadura, las cifras no parecen separarnos tanto. El sistema estadounidense no fue diseñado inicialmente para dirimir diferencias partidistas, sino que se instauró para controlar los excesos democráticos a través de un sistema de contrapesos y balances donde el poder se esperaba fuera ejercido por los mejores. Al final no fue así, y en lugar del mérito ha sido la predilección partidista la que ha colocado en la Casa Blanca al candidato con más votos electorales (que no siempre tiene que coincidir con quien ha obtenido más votos populares). De ahí que el sistema haya sufrido numerosas reformas desde su fundación, desde la forma de elección de cargos (de los propios senadores y electores, y hasta de los candidatos de los partidos), hasta el alcance del sufragio (del censitario al universal), pasando por la Segunda Enmienda o la legislación sobre la financiación de los partidos. Con ello el sistema ha logrado adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos que se han ido produciendo en estos más de dos siglos, sin ver por ello afectada su esencia. ¿Por qué no puede pasar lo mismo en España? Las medidas planteadas por ciertos sectores del Partido Popular parecen tener una respuesta negativa. Ante la inminente quiebra del dominio de los dos principales partidos nacionales (PP y PSOE, dominio que generalmente se tiende a confundir con bipartidismo), la reacción parece asemejarse a la que tuvo el ala radical federalista, empecinándose en cambiar las reglas de juego y limitar las libertades básicas, en lugar de luchar contra los males que, como el paro o la corrupción, son los que de verdad ponen en entredicho a ambas formaciones hasta hoy mayoritarias. Al menos los federalistas tienen la excusa de no haber sabido reaccionar ante el novedoso desafío que supusieron las primeras elecciones verdaderamente partidistas de la era moderna. El Partido Popular no puede recurrir a semejante coartada ante la presumible irrupción de nuevos protagonistas en la escena política nacional, le iría mucho mejor si aprendiera de la lección federalista, los excesos son contraproducentes y no adaptarse a los cambios condena las posibilidades de supervivencia, así en la naturaleza como en la política. De momento, su candidato y ahora presidente ya aparece en varias encuestas en tercer lugar, superado por sus rivales de la oposición (antigua y nueva). De perder estrepitosamente estas elecciones, ¿podría correr el mismo destino que el federalismo y encaminarse a una lenta pero segura agonía? Al tiempo.

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