El juicio del 23 F

09 Diciembre 2013
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El fracaso de la operación del 23 F se resuelve a mediodía del 24 de febrero con el pacto del capó, firmado por el general Armada a instancia del teniente coronel Tejero. Desde ese instante, casi todos los implicados –visibles y tapados- en la asonada, trataran de eludir su responsabilidad y negar su participación en la misma. Excepción hecha de las figuras del general Milans del Bosch y de la de Tejero junto a la fuerza de la Guardia Civil que le ha seguido a asaltar el Congreso de los Diputados. El primero que niega cualquier vinculación con el golpe es el general Armada a través de una nota que hace pública el día 25. Desde ese momento el eje de su defensa se mantendrá en negar que se sublevara y que su única misión era sacar a los diputados, porque "antes, durante y después del 23 F actué a las órdenes del rey". La agencia Efe, presidida por Luis María Anson, y algunos otros medios de comunicación tratan de "limpiar" el papel de Armada. Sin embargo, el primero que lo deja en evidencia es el monarca durante la audiencia en Zarzuela a los líderes políticos la tarde del 24 de febrero. En el momento en el que el presidente Suárez estaba reconociendo que se había equivocado con Armada por lo bien que había resuelto la ocupación del Congreso, Don Juan Carlos le ha cortado secamente con un "¡Te equivocas! Armada es el mayor traidor de todos". Esa misma tarde la Junta de Defensa reunida en Zarzuela acuerda cesar al general Alfonso Armada Comyn como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. No obstante, desde el Cesid el teniente coronel Javier Calderón, secretario general del centro, y el comandante José Luis Cortina, se esfuerzan para eliminar toda duda sobre la implicación del general Armada en el golpe, insistiendo en que su papel ha sido ejemplar, sin tacha ni mácula alguna. "Es una burda intoxicación relacionarlo con los golpistas." Y preparan una estrategia para fijar sus propios límites de actuación. Acuerdan que no se han visto, ni se conocen, la entrevista con Tejero en la Calle Pintor Juan Gris el sábado 21 de febrero, 48 horas antes del golpe, jamás ha existido, el plan para llevar a Armada a presidir un gobierno de regeneración nacional no han sido más que rumores y especulaciones periodísticas. Están conformes en negarlo todo. Con firmeza. El general Armada va a mantener que fue al Congreso la noche del 23, autorizado por la Zarzuela y el Ejército para intentar sacar a los diputados y al Gobierno. Hasta ese día no ha participado en nada. Cualquier otro reconocimiento podría ser un hilo conductor incómodo hacia la Zarzuela. Precisamente el mismo día que Milans del Bosch llegó al Cuartel General del Ejército, 24 de febrero por la tarde, mientras esperaba a que el general Gabeiras le comunicase que estaba arrestado, Armada se acercó hasta él, brevemente, con un corto mensaje: "No conviene que nos vean juntos. Tenemos que olvidar todo lo anterior. Para nosotros todo empezó el 23 de febrero." Después han seguido otros más. Uno a los pocos días, cesado ya Armada, en el despacho del jefe de servicios del palacio de Buenavista, del que ha sido testigo el coronel José Ramón Pardo de Santayana, quién le ha pedido al general Milans que lo aceptara como oficial a sus órdenes. "Jaime, tu y yo debemos ponernos de acuerdo en una cosa por nuestro bien y el de mucha gente. Tenemos que tener muy claro que nosotros empezamos a actuar después de las seis y media de la tarde, después de que Tejero ocupara el Congreso. Entre nosotros nunca han existido conversaciones anteriores ni reuniones de tipo alguno." También el general Cabeza Calahorra -Almendros-, que será codefensor de Milans en el juicio, insiste en la misma línea. "Que se pongan de acuerdo. Que Jaime y Alfonso se pongan de acuerdo." Pero Milans, pese a los hechos que silenciará o sobre los que no dirá toda la verdad, no negará a Tejero. "Yo no hago cambalaches", refutará molesto. Confiado por la vía Armada, a Cortina le falta la de Tejero. Junto con el capitán Vicente Gómez Iglesias, le visita en prisión con la misma consigna: "Estamos trabajando a vuestro favor. Pero es muy importante que no nos impliques a nosotros. Nada antes del 23 F." Algún efecto hace el mensaje. En su primera declaración ante el instructor especial de la causa, José María García Escudero, Tejero no hablará ni de Cortina ni de Gómez Iglesias ni de nadie del Cesid. El nombre de Cortina lo revelará Tejero en la segunda declaración prestada el 4 de abril de 1981 en la prisión del Castillo de la Palma en el Ferrol. En ésta seguirá silenciando la participación de su amigo el capitán Iglesias hasta la declaración del 10 junio. Los dos hombres del Cesid serán procesados en el último momento. El comandante Cortina en mayo y el capitán Iglesias en junio. En el seno del Cesid se intenta también tapar la participación de agentes y unidades operativas en el golpe. Y Calderón, Cortina y demás lanzan la consigna del silencio y de aquí no ha pasado nada. Pero el capitán Diego Camacho y el suboficial Juan Rando, entre otros, presionan para que se esclarezca el papel del Servicio de Inteligencia en los hechos del 23 F. Javier Calderón hace a Camacho una última oferta a cambio de su silencio. "Si te olvidas de todo, te nombró jefe de operaciones del Cesid". Tentadora propuesta que el capitán no acepta. Ante el cariz que está tomando el asunto el 31 de marzo de 1981 el coronel Narciso Carreras, director interino, firma un escrito bajo el sello de "secreto" dirigido al teniente coronel de Artillería Juan Jáudenes Jordana, jefe de la División de Interior del Cesid: "Sírvase realizar una información de carácter no judicial acerca de la posible participación de miembros de la Aome en los sucesos de los días 23 y 24 de febrero pasado." Pero todo será una pamema. Convenientemente aleccionado por la dirección del Centro, el teniente coronel Jáudenes toma declaración a los ocho agentes sobre quienes se dirime el conflicto. Primero a los que inculpan. El capitán Camacho, el capitán Rafael Rubio y el sargento Juan Rando. Después, a modo de réplica, a los sospechosos. El comandante Cortina lo niega radicalmente todo en tono irritante y prepotente; el capitán García Almenta es un mar de disculpas, hay hechos coincidentes que son fruto de la casualidad; el sargento Sales y los cabos Monge y Moya niegan su participación en base a las coartadas preacordadas y Operaciones Mister desviadas. Jáudenes concluye el informe con unos párrafos de exculpación. Y el asunto se da por concluso y cerrado. No abre ninguna investigación posterior a la vista de los elementos contradictorios que le muestran. Simplemente no los tiene en cuenta. Los rechaza. Y los que son inculpatorios y concordantes entre ambas partes no los toma en consideración. La conclusión es pues determinante. No hay pruebas de que algún miembro del Cesid participara en los preparativos y desarrollo del golpe. Carpetazo que se sustenta en una calculada ambigüedad. Jáudenes ha hecho un trabajo burocrático, de oficinista, en el que se lava las manos. Una añagaza de documento. Es lo que sus jefes le han pedido para poner punto final a un asunto que se les estaba empezando a escapar de las manos. Cortina y Almenta dejaran el Cesid en mayo de 1981. Sus funciones en la Aome serán asumidas por el comandante Juan Ortuño y el capitán Juan Alberto Perote. Ortuño, un hombre de Calderón, recibirá la orden de éste de eliminar todo vestigio que pudiera aparecer sobre el 23 F. La delicadeza del proceso obliga al Gobierno a estar algo más que atento a la fase de instrucción del sumario y a las sesiones de la vista oral. A iniciativa suya se designa como juez instructor de la causa, con jurisdicción especial, a José María García Escudero, general togado del Ejército del Aire y letrado de las Cortes. Las defensas de quienes se les va notificando el auto de procesamiento, recurren la designación del instructor por ser un juez especial y no el ordinario predeterminado por la ley. Y porque García Escudero se ha pronunciado sobre el 23 F en diversos artículos publicados en el diario Ya bajo el seudónimo de Nemo. Uno a uno los recursos son rechazados. La cuestión principal es delimitar a quién procesar y su número. El Gobierno y la clase política, así como los medios de comunicación en general, se mueven con mesura y prudencia. Es lo que en la tarde del 24 de febrero el rey ha pedido a los líderes políticos al darles varios toques de atención: "Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión, pero aún resultaría más contraproducente extender dicha reacción, con carácter de generalidad, a las Fuerzas Armadas y a las de seguridad." De ahí que se deje al margen a los jefes y mandos de la III Región Militar y se juzgue únicamente a su capitán general, Milans del Bosch, a uno de sus jefes de Estado Mayor, coronel Ibáñez Inglés y a uno de sus ayudantes, teniente coronel Más Oliver. Algo parecido ocurre en la Acorazada, al evitar procesar a su jefe, general Juste, y al resto de jefes y mandos de la División, para sentar en el banquillo a su jefe de Estado Mayor, coronel San Martín, al comandante Pardo Zancada y a los cuatro capitanes que le acompañaron de madrugada al Congreso. En apenas cinco meses, de finales de febrero a mediados de julio de 1981, García Escudero concluye la instrucción sumarial. En la Causa 2/81 de más de quince mil folios, se recogen las declaraciones de los procesados, de los testigos, los careos entre el general Armada y Milans, Ibáñez Inglés, Más Oliver, Pardo Zancada y Tejero, así como el de Tejero con José Luis Cortina, además de las declaraciones juradas de los testigos que no comparecerán en el acto del juicio, el escrito de acusación del fiscal togado José Manuel Claver Torrente, del Cuerpo Jurídico de la Armada, en el que solicita más de 316 años de reclusión para los encausados y el escrito de las defensas en el que todas solicitan para sus patrocinados la libre absolución, acogiéndose varios de ellos a la figura del estado de necesidad y de obediencia debida. Finalmente García Escudero decide procesar a 32 militares; un teniente general, Milans del Bosch; dos generales de Brigada, Alfonso Armada y Torres Rojas; un capitán de Navío, Camilo Menéndez, el exponente de la Armada que fue a solidarizarse con Tejero al Congreso; tres coroneles, José Ignacio San Martín, Diego Ibáñez y Miguel Manchado; dos tenientes coroneles, Antonio Tejero y Pedro Más Oliver; dos comandantes, Pardo Zancada y José Luis Cortina; trece capitanes, cinco del Ejército, Juan Batista, Javier Dusmet, Carlos Álvarez-Arenas e Ignacio Cid Fortea; y ocho de la Guardia Civil, Francisco Acera, Juan Pérez de la Lastra, Carlos Lázaro Corthay, Enrique Bobis, José Luis Abad, Jesús Muñecas, Vicente Gómez Iglesias y Francisco Ignacio Román; ocho tenientes de la Guardia Civil, Pedro Izquierdo, César Álvarez, José Núñez, Vicente Ramos, Jesús Alonso, Manuel Boza, Santiago Vecino y Vicente Carricondo. Y al paisano Juan García Carrés, por sus conversaciones telefónicas de aliento a Tejero la tarde noche del 23de febrero. Pero uno de los actos más sorprendentes de la fase de instrucción se refiere al Informe Jáudenes que García Escudero solicitó al Cesid a través del ministro de Defensa, Alberto Oliart. Pese a ser una materia clasificada se le entregó voluntariamente. El instructor llamaría a declarar a varios agentes que figuran en el informe y cuyas declaraciones incorporaría al sumario. Y luego, después de analizarlo y tomar notas lo devolvió al Cesid hurtándolo a las partes, deshaciéndose de un elemento de prueba que hablaba sobre hechos que iban a ser juzgados, perjudicando gravemente a las partes encausadas. Y así veremos que en las sesiones del consejo de guerra el fiscal Claver Torrente, citará en varias ocasiones las declaraciones que han prestado algunos agentes del Cesid al instructor, especialmente en la deposición del comandante Cortina, pero ninguno de ellos llegará a testificar. Y el nombre del Informe Jaúdenes jamás se pronunciará durante el juicio de Campamento. De forma implícita el general García Escudero reconoce que nunca quiso penetrar en la trama obscura del Cesid y dejó suelta esa línea de investigación. En su libro de memorias Mis siete vidas, revela que procesó al comandante Cortina, "un profesional del camuflaje" y al capitán Gómez Iglesias "a última hora, como consecuencia de la segunda declaración de Tejero". Está claro que los miembros del Cesid que se sentaron en el banquillo fue exclusivamente porque tuvieron alguna relación con Tejero y éste los implicó en el golpe. Por nada ni nadie más. Con razón el capitán García Almenta se permitía comentar ufano en la Agrupación Operativa que "no hay cojones para procesarme a mí." No tuvo contacto alguno con Tejero. En su libro ya citado García Escudero dejó escrito que con el protagonismo del Cesid la causa del 23 F entró en un mar de sospechas. "Con ellos [se refiere a Cortina y Gómez Iglesias] entró en la causa una nebulosa de contornos y contenidos inciertos, como era la participación de hombres del Cesid en la operación... En la más halagüeña de las hipótesis para el Cesid, la actuación de esta organización en la prevención del 23 F fue cualquier cosa menos brillante, pero había motivos para sospechar que al menos algunos de sus hombres habían hecho algo más grave que no enterarse". Las sesiones de la vista oral se señalan en el acuartelamiento del Servicio Geográfico del Ejército, en la zona de Campamento, un barrio de la periferia madrileña en la autovía a Extremadura, donde existen muchas instalaciones militares. En ese recinto se construye una sala dotada de estrictas medidas de seguridad. El juicio se celebra entre el 19 de febrero y el 24 de mayo de 1982 en 48 sesiones de mañana y tarde. El órgano juzgador es el Consejo Supremo de Justicia Militar, el superior castrense competente al ser juzgados varios generales. El presidente del tribunal es el general Luis Álvarez Rodríguez, asistido por varios consejeros, especialmente por el general De Diego, quién se convertirá en la sombra del tribunal. A algunos de los encausados además de sus abogados defensores les asisten codefensores militares, como los generales Cabeza Calahorra (Milans), Fernando de Santiago (Ibáñez Inglés) y Carlos Alvarado (Pardo Zancada). Desde el inicio los procesados se polarizaran en dos grupos irreconciliables; de un lado el general Armada y los miembros del Cesid, comandante Cortina y capitán Gómez Iglesias y, de otro, el general Milans y todos los demás. Los tres primeros lo negaran absolutamente todo, mientras que Milans hablará de sus conversaciones con Armada y las de éste con los reyes, invocando la necesidad de reconducir cualquier amago golpista y de dar una salida a la crisis política-institucional con la formación de un gobierno de concentración nacional presidido por el general Armada, bendecido por todos los poderes. Pero la estrella es sin duda el teniente coronel Tejero, quién además de ser el SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo) al asaltar el Congreso y frustrar la operación al impedir a Armada que accediera al hemiciclo a proponerse como presidente, y contar sus conversaciones con Cortina y Armada, pronunciará esa frase enigmática de "espero que alguien algún día me explique lo que fue el 23 F". En el juicio del 23 F la invocación al monarca –y su negación- será el hilo conductor. Y no por una cuestión de estrategia de las defensas, sino por que la figura del rey Juan Carlos fue absolutamente fundamental. Pues nadie de los conjurados se movió sin creer tener la seguridad y la certeza de que la operación contaba con su conocimiento y respaldo. Sin la figura real no habría habido 23-F, pues fue capital para quienes pusieron en marcha el golpe, como igualmente lo fue de forma decisiva, cuando dio órdenes precisas para que las unidades regresaran a los cuarteles. A lo largo de las sesiones se sucederán una serie de hechos como el plante de los procesados al tribunal y su negativa a entrar en la sala del juicio en protesta por la publicación de un artículo –Así asaltamos el Congreso- del director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, a quién además de ser zaherido por el fiscal y el presidente, se le retirará la credencial siendo expulsado de la sala. De poco valdrá que meses después el Tribunal Constitucional anulara tal medida; o el rechazo de casi el 90 por ciento de los testigos propuestos por las defensas, o que se permitiera que muchos testigos declararan mediante certificación escrita, como la Jujem, los capitanes generales y el general Fernández Campo; o que Armada viera frustrada su defensa al no poder hacer uso de la conversación que tuvo con el rey el 13 de febrero de 1981, según el mensaje verbal transmitido desde Zarzuela por el conde de Montefuerte. Entre otros, sería sonoro el "eres un hijo de puta" de Milans a Armada tras la declaración de éste último. Como bronca fue la reacción de casi todos los procesados a la deposición del general Sáenz de Santamaría al compararlos con terroristas que secuestran un avión y hacen rehenes. Milans, erigido en portavoz, dirá al tribunal antes de abandonar la sala que siente "nauseas y asco". O capciosa la declaración del comandante Cortina, escapista en su testimonio ante el consejo, quién sin embrago llegaría a reconocer a uno de sus profesores de la Escuela de Estado Mayor, el teniente coronel José Romero Alés, que con el tiempo llegó a tener mando de capitán general en Canarias, que "había en aquel momento varias hipótesis y elegimos la que resultaba menos peligrosa." Y oportunamente extraña será la enfermedad del presidente Luis Álvarez para quitarse de en medio y ceder la presidencia al general Federico Gómez de Salazar, por que "yo no te podía condenar" como años después le reconocería al general Armada. En la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar hecha pública el 3 de junio de 1982, Milans y Tejero son condenados a treinta años de reclusión por un delito probado de rebelión militar, mientras que Armada a seis años, al igual que Torres Rojas y Pardo Zancada. Sobre el resto recaen condenas menores, siendo absuelto el comandante Cortina, pero no su subordinado, el capitán Gómez Iglesias, condenado a tres años y absueltos todos los tenientes y el capitán Batista. El Gobierno recibe el fallo con sobresalto y da instrucciones para que se recurra al Tribunal Supremo. Al presidente Calvo Sotelo le ha creado una "profunda preocupación" y a Suárez "desasosiego". También el fiscal y una decena de defensores presentan recurso. Once días después de la sentencia vuelan las cuatro sedes operativas del Cesid, como protesta por la absolución del comandante Cortina. El fallo del Supremo elevará considerablemente la penas para varios de los procesados. El general Armada es condenado a treinta años, lo mismo que Milans y Tejero; Torres Rojas y Pardo a doce, San Martín e Ibáñez Inglés a diez, Manchado a ocho y a seis Mas Oliver. El Supremo confirma la absolución de Cortina, pero dobla la sentencia de Gómez Iglesias de tres a seis años, condenando a cinco años a los capitanes Muñecas y Abad y entre tres, dos y uno al resto de capitanes y tenientes. A Camilo Menéndez y a García Carrés les confirman la del Consejo, uno y dos años respectivamente, siendo absueltos los capitanes Batista e Ignacio Román. Para todos los condenados por encima de los tres años supondría la pérdida de la carrera militar y para Milans, Armada y Tejero la de grado. Ninguno llegaría a cumplir íntegramente su pena. El Gobierno socialista de Felipe González concedería el primer indulto al capitán Gómez Iglesias el día de Nochebuena de 1984. Milans y Armada permanecerían en prisión siete y diez años respectivamente. Tejero con quince años en prisión fue quién más condena penó. Cortina pudo continuar su carrera militar hasta que en 1991, ya con el empleo de coronel, optó por pasar a la reserva ante el escándalo que se organizó al ser acusado de haber filtrado al diario El Mundo el dossier sobre las maniobras Papa tango. En la actualidad sigue trabajando en el campo de la inteligencia. Otros que se fueron del rositas del 23 F, como García Almenta, terminaría desfilando ante el rey como jefe de la Brigada Acorazada. (Tomo 5-1982. La democracia año a año- El Mundo 2008)

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