Análisis de una grave situación

10 Septiembre 2014
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Poco más de tres meses después de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 25 de mayo, los actores políticos en España experimentan una fuerte modificación en las principales fuerzas políticas y en la valoración de sus líderes. Las razones de esta convulsión y terremoto político radica en los graves efectos que la larga crisis económica está teniendo para el conjunto de los españoles, con su mayor incidencia en la alta tasa de paro que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2014, sigue estando en el 24,5%, con un nivel que sube hasta el 53,1% entre los menores de 25 años; el sistema de corrupción que afecta a todas las instituciones del Estado y partidos políticos, y el desprestigio general de la clase política. Los sondeos electorales publicados en el diario El Mundo y en La Razón a finales de agosto y primeros días de septiembre, destacan el fuerte ascenso de la formación política Podemos, liderada por el joven profesor de Ciencias Políticas, Pablo Iglesias, que pasaría a ser la tercera fuerza política en el ámbito nacional. Si las elecciones generales se celebraran en estos momentos, Podemos alcanzaría el 21,2% de los votos (El Mundo), a un punto del PSOE (La Razón rebaja dicho porcentaje al 15%, y según una encuesta que el diario El País decidió no hacer pública hace un par de meses, obtendría el 21,5% de los votos). Lo más sorprendente es que Podemos podría llegar a tener entre 55 y 60 diputados, algo insólito y sin precedente alguno para un movimiento político de apenas siete meses de actividad desde su creación, que ha surgido en un proceso inverso como movimiento asambleario, carece de estructura política de partido y ha emergido a través de un líder mediático, cuyo discurso se ha fundamentado en la crítica a la casta, a la nomenclatura de un sistema político corrupto, algo sobre lo que la inmensa mayoría de la sufrida sociedad española está totalmente de acuerdo. El Partido Popular seguiría siendo la fuerza política más votada, pero con un notable descenso, alcanzando el 30,1%, 14 puntos por debajo de las elecciones generales de 2011, y entre 138-132 escaños, 50 menos que los 185 actuales (en la encuesta no publicada de El País le otorga el 26,5%). Sin embargo, el PP se recuperaría algo desde las elecciones europeas de mayo pasado en las que obtuvo el 26% de los votos. Mayor castigo sufriría el Partido Socialista, donde apenas si se percibe mejoría alguna tras la designación de su nuevo secretario general, Pedro Sánchez. En los diferentes sondeos el PSOE bajaría hasta el 22,3%, prácticamente el mismo resultado que obtuvo en las elecciones europeas pasadas, con una horquilla de entre 93 y 89 diputados, unos 20 diputados menos de los 110 actuales. De confirmarse dicho resultado, el PSOE estaría un punto por encima de Podemos. El PP seguiría sacando ocho puntos de ventaja al PSOE, pero lo más importante es que juntos -PP y PSOE- apenas si superarían el 52% de los votos, con una caída porcentual de más de 20 puntos, en relación con las elecciones generales de noviembre de 2011 (en la encuesta no publicada de El País el PSOE sufriría un mayor revés electoral al otorgarle el 17,5% de los votos). Izquierda Unida constataría su desastrosa caída libre ante el auge imparable de Podemos, y perdería casi tres puntos en relación con los resultados de las elecciones generales de 2011, pasando del 6,9% a 4,1%, y siete puntos sobre el resultado de las europeas en las que alcanzó un 11% de los votos, y pasaría a ser la quinta fuerza política a nivel nacional. Por su lado, la encuesta de La Razón da un resultado para IU del 5,6%, mientras que el sondeo electoral no publicado de El País le da el 5,9%, y se podría quedar entre 8 y 5 diputados. El grupo Unión Progreso y Democracia, liderado por la exsocialista Rosa Díez, llegaría al 5,6% de los sufragios, perdería un punto respecto a las elecciones de mayo de 2014, pero subiría un punto con las elecciones de 2011, consiguiendo unos 8 escaños (actualmente tiene cinco). Para El País, UPyD subiría un punto y medio respecto a las elecciones de noviembre de 2011 al darle el 6,2% de los votos, mientras que la encuesta de La Razón le otorga el 4,4%, prácticamente el mismo porcentaje que en las generales de 2011 (4,7%). Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, entraría por vez primera en el Parlamento nacional con una proyección de voto del 2,6%. Pero lo relevante sería que en el caso de que UPyD y Ciudadanos decidieran concurrir juntos a las elecciones generales, obtendrían entre 16 y 11 escaños, con el 8,2% de los votos, y estarían en todas los ayuntamientos y comunidades autónomas, opción que decaería de acudir cada una en solitario. Al tiempo que en Rosa Díaz se ha esfumado su discurso de querer ser la tercera vía de reforma del sistema. Al tiempo que en Rosa Díaz se ha esfumado su discurso de querer ser la tercera vía del reforma del sistema. La mayoría de los votantes de ambas formaciones son partidarios de concurrir juntos a las próximas elecciones generales, así como sus cabezas de lista en el Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner (UPyD) y Javier Nart (Ciudadanos) y su líder Albert Rivera, pero no así Rosa Díez y otros representantes de UPyD que rechazan tal posibilidad, por el momento. Incluso el eurodiputado Sosa Wagner ha sido duramente criticado e insultado por los acólitos de la autoritaria Rosa Díaz, desde que hizo pública una carta pidiendo la alianza electoral de ambas formaciones. En el consejo de dirección de UPyD, celebrado el sábado 6 de septiembre, el partido ha aprobado un documento sobre alianzas futuras (sin citar a Ciudadanos), bajo una serie de condiciones; democracia interna y transparencia (algo que debería poner en práctica UpyD), además de celebración de primarias, reforma de la Ley Electoral y defensa de la soberanía y la unidad de España, con lo que la posibilidad de una alianza futura con Ciudadanos está abierta. CiU (Convergencia iUnió), la coalición que proclama y ha hecho bandera del separatismo de Cataluña del resto de España, caería poco más de un punto desde las elecciones de 2011, del 4,2% al 3%,mientras que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la formación radical separatista y de izquierda, que sostiene al presidente Artur Mas en la Presidencia de la Generalidad, experimentaría un auge importante al estar cerca de triplicar sus votos pasando del 1,3% que obtuvo en 2011 al 3,3% que los sondeos le otorgan en la actualidad. De acuerdo con las encuestas y sondeos realizados, el líder más valorado entre los electores es Pablo Iglesias (Podemos), con un 4,48. Por detrás se sitúan Pedro Sánchez (PSOE), con el 4,3% y Albert Rivera de Ciudadanos, con el 4,3% también. Les siguen Rosa Díez (UPyD), con el 3,9%, Cayo Lara. (IU), con el 3,7%, Mariano Rajoy (PP), con el 3,5% y Artur Mas (Convergencia), con el 2,5%. En el ámbito autonómico o nacionalista en Cataluña, ERC sería la fuerza política más votada con el 23% de los votos, superando en 5 ó 6 puntos a Convergencia i Unió, y conseguiría entre 33 y 37 escaños, casi 12 puntos más que en las últimas elecciones de noviembre de 2012; CiU perdería más de 11 puntos, aunque se quedaría como segunda fuerza con el 18% de los sufragios y entre 18 y 20 diputados menos (en la elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012 obtuvo el 30,68% y 50 diputados), el Partido Socialista de Cataluña (PSC), seguiría bajando y estaría amenazado por Podemos, que disputaría con los socialistas ser la tercera fuerza política, en quinto lugar se situaría Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), la extracción política de los comunistas catalanes del antiguo PSUC, que también perdería fuerza, al igual que el PP. Ciudadanos se presenta en los sondeos con mayor proyección de voto y seguramente superaría al Partido Popular. En el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco (PNV), sería la formación más votada, seguida de la coalición separatista y neoterrorista EH-Bildu, Podemos pasaría a ser la tercera fuerza política, y continuaría la caída de los socialistas del PSE-EE y del PP, UPyD mantendría sus posiciones actuales. En Andalucía la fuerza más votada volvería a ser el Partido Socialista (PSOE-A) -cuya base electoral parece haberse acostumbrado a vivir bajo un régimen de corrupción-, que perdería, no obstante, más de 8 puntos respecto a las pasadas elecciones, y sin que se note giro alguno bajo el liderazgo de Susana Díaz, la nueva mujer fuerte del Partido Socialista. Con ella el PSOE-A obtendría el 31,2% de los votos, tres puntos más que el Partido Popular de Andalucía (PPA), que conseguiría el 28,3%, perdiendo con su nuevo presidente Juanma Moreno (un absoluto desconocido y paniguado del abúlico Rajoy) casi 12,5 puntos, y sin que el castigo de los electores a los socialistas por todos los casos abiertos de corrupción de la Junta de Andalucía, que están siendo investigados por los tribunales de justicia vayan hacia los Populares. La tercera fuerza política sería Podemos, que irrumpiría con fuerza en el Parlamento andaluz con una estimación del voto del 18,1%. Hasta el cuarto lugar caería Izquierda Unida (IULV-CA), con el 8,8% del voto, que es la que sostiene actualmente en el poder a los socialistas, luego del pacto de gobierno alcanzado tras las últimas elecciones autonómicas de marzo de 2012. En quinto lugar quedaría el partido de Rosa Díez UPyD con una proyección de voto del 5,4%. Este nuevo panorama político que se desprende de los sondeos electorales y de opinión, indica que si no estamos ante la crisis total del bipartidismo del sistema, es muy posible que dicha crisis estalle abiertamente tras las próximas elecciones municipales, autonómicas de mayo del año que viene (para todas las Comunidades Autónomas excepto en Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña, que las celebraron en 2012), y de las generales, previstas para noviembre de 2015. Y cuya consecuencia pudiera ser el final del sistema constitucional de 1978. España construyó su estructura política en un sistema bipartito imperfecto, que por la aplicación de la regla matemática electoral del sistema D'Hondt, prima a las grandes formaciones políticas de ámbito nacional en detrimento de las demás, al tiempo que otorga una representación política desorbitada y suicida a los pequeños partidos nacionalistas de Euskadi y de Cataluña, con quienes los diferentes gobiernos centrales han buscado el pacto o el apoyo de legislatura, indistintamente de si tenían mayoría absoluta o minoría suficiente para gobernar. Con el transcurso de los años, dicha acción bisagra de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, se ha ido ofreciendo a costa de mayores transferencias y competencias, financiación y entrega de poder, frente a un apoyo que siempre fue limitado, y cuyo objetivo final ha venido sirviendo a los interese espurios de los partidos nacionalistas en su obsesión de fomentar la independencia y el separatismo de sus regiones del resto de España. Además de hacer tóxico el discurso nacionalista en toda España. Las claves de la actual situación política de España giran en torno a la crisis económica y el elevado número de parados, que lejos de las proyecciones políticas del Gobierno sobre crecimiento y recuperación de la crisis, indican que el impulso de crecimiento económico registrado en los dos últimos trimestres se va frenando, ralentizándose su crecimiento para el último trimestre de 2014 y con unas previsiones de estancamiento económico para 2015, donde se prevé que la prima de riesgo se eleve significativamente. España tiene un endeudamiento público que ya ha superado el 100% del PIB, y no hay previsión de que la industria y la economía mejore en el medio plazo. Tal panorama impedirá que el Gobierno español pueda generar los recursos económicos y financieros propios suficientes para mantener los gastos de la Administración central del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, así como del resto de instituciones y administraciones públicas. Por ello el Gobierno, sea éste del signo que sea, deberá seguir acudiendo al endeudamiento exterior y a las subastas públicas, que aunque consigan recursos a bajo interés, hará que siga incrementándose la deuda pública del Estado, que tendremos que pagar todos los españoles. La causa de tal hipertrofia se debe fundamentalmente a la estructura del Estado español y su desarrollo en 17 comunidades autónomas, cuyas necesidades para sostener y soportar los gastos corrientes y de servicios, de burocracia funcionarial política, no de oposición, resulta inviable de todo punto. España, sin una industria competitiva y sin un modelo de desarrollo y crecimiento económico (salvo la burbuja inmobiliaria), está abocada a mantener una industria pequeña, una industria de servicios, principalmente en el sector turístico y su explotación agrícola y ganadera, que si es competitiva. Y si bien es cierto que España ha progresado bastante en el desarrollo de empresas I+D, también lo es que su tejido empresarial e industrial sigue siendo pequeño, con un pool de 200 grandes empresas multinacionales y competitivas, que resultan insuficientes para generar los recursos propios necesarios para financiar y ser autosuficiente para mantener el gasto corriente de tal macro Estado, dado que su tejido industrial y empresarial se soporta en pymes y en empresas unipersonales y autónomos. Y sin que tampoco se logre dicho objetivo a través de la alta fiscalidad e impuestos existentes, que el actual ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha elevado cuasi al nivel de expolio. Si a todo lo anterior se suma el amplio sistema de corrupción que afecta a todas las instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, sindicatos, empresas públicas y partidos políticos, resulta prácticamente imposible encontrar una salida viable a la propia crisis del sistema. A tal panorama hay que añadir el desafío separatista abierto planteado desde el gobierno de la Generalidad de Cataluña y de los principales partidos políticos, excepción hecha del Partido Popular y de Ciudadanos, en tanto que el Partido Socialista de Cataluña sigue manteniendo al respecto una posición ambigua y ecléctica, con su ofrecimiento de una fórmula política federal (sin que se sepa con claridad sin con ella quiere decir algo) y una reforma de la Constitución. El desafío separatista que desde hace más de tres años se viene impulsando abiertamente desde el Gobierno de la Generalidad, en clara insurrección política y judicial, constituye el mayor riesgo de ruptura nacional en la actualidad. CiU y ERC, junto a otras plataformas y partidos menores, como la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, formaciones religiosas y responsables del clero católico, medios de comunicación y demás organismos financiados desde la Generalidad, vienen fomentando el llamado derecho a decidir y la convocatoria de un referéndum para el 9 de noviembre. Y la cuestión fundamental del hecho en sí, no radica en si dicha consulta se llegará a celebrar o no, sino en el proceso creciente separatista, al que los diferentes gobiernos del Estado han ido dando alas desde el inicio de la Transición. La suerte de Cataluña se debate en estos momentos en tres frentes abiertos: la convocatoria del referéndum independentista; el sistema de corrupción generalizado que afecta a todos sus órganos de gobierno, partidos políticos e instituciones, y cuyo escándalo se ha agravado con el reconocimiento público del ex presidente Jordi Pujol de haber ocultado sumas millonarias a Hacienda durante al menos los 23 años que estuvo al frente de la Presidencia de la Generalidad. Pujol ha tratado de justificar que el origen del dinero procede de la herencia que le dejó su padre, sin embargo, los informes policiales y diferentes testimonios e investigaciones periodísticas, sitúan su fortuna familiar en el continuo cobro de comisiones de obra pública que se ejercía desde la propia institución de la Generalidad, y de lo que se encargaban de ejecutar sus hijos; y en tercer lugar, el estado de quiebra en el que se encuentra el Gobierno de la Generalidad, que está siendo sostenido por el dinero del Estado a través del llamado Fondo de Compensación Autonómica. Muchas voces críticas con la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy hacia el desafío separatista del Gobierno de la Generalidad, apuntan a su falta de respuestas y toma de decisiones para frenar el proceso separatista, y a que siga financiando los gastos corrientes del Gobierno catalán y sosteniendo su quiebra, sin contrapartidas de pacto político. Tales voces acusan al Gobierno del Sr. Rajoy de extrema debilidad frente al separatismo, aunque venga manifestando que el Gobierno no permitirá que se lleve a cabo una consulta ilegal. Otra opción política sobre la que se viene hablando desde hace algunos años respecto a un pacto entre Cataluña y España a través del vínculo de la Corona, ha quedado completamente descartado, dado que de prosperar una posible opción separatista en Cataluña, sería bajo un sesgo republicano, una república independiente, sin vínculo alguno con la Corona de España. La abdicación del rey Juan Carlos en su hijo y heredero Felipe VI, se ha llevado a cabo en unos momentos de fuerte debilidad política e institucional del Estado. El rey Felipe VI afronta una situación, desde su papel de moderador y árbitro de las instituciones, muy compleja y complicada. Y de futuro incierto. Como muestra puede ofrecerse el resultado de la encuesta encargada por el Ministerio de Defensa, que ha sido desoladora al verificar que sólo el 16% de los españoles estarían dispuestos a defender España de una agresión o ataque del exterior. Y con independencia de que la pregunta y sus variables hayan sido erróneamente planteadas, como resulta evidente, lo cierto es que supone la constatación de un síntoma general en el pueblo y la sociedad española de la actual generación, que ha perdido su marco de referencia sobre lo que es España, donde no se fomenta el patriotismo ni el valor ni el sentido de nación, dentro de un proceso disolutivo y disgregador en comunidades autónomas, en las que prima el discurso político del nacionalismo frente al de nación.

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